Una vez aprobado inicialmente, se abrirá un proceso de exposición pública para la presentación de alegaciones antes de su aprobarla definitivamente

El Ayuntamiento de Pamplona celebrará este lunes un Pleno Extraordinario para debatir el proyecto de la ordenanza Aukera, reguladora del acceso a las viviendas municipales. Esta ordenanza pretende actualizar los criterios de acceso a las más de 600 viviendas propiedad del Ayuntamiento que actualmente existen en la ciudad. La ordenanza prevé seis modalidades de alojamiento diferentes, desde viviendas de emergencia habitacional económica, otras de estabilización y unas más de transición hasta viviendas de emergencia habitacional por catástrofe o siniestro, pasando por viviendas mediante convenio con entidades sin ánimo de lucro por interés municipal. A todas ellas se suman, también, viviendas con alquileres con contrato anterior a la fecha de publicación de la Ordenanza de Vivienda de 2016.

La principal novedad de la ordenanza es la introducción de un itinerario y acompañamiento profesional para facilitar la incorporación al mercado inmobiliario normalizado de las personas y familias beneficiarias. No en vano, estas viviendas no son permanentes sino temporales, y buscan la inclusión social de personas y familias en situación de vulnerabilidad. La ordenanza se estructura en tres pilares, que incluyen la tipología de la vivienda, las condiciones de la persona o familia solicitante y el nivel de renta.

La Comisión de Urbanismo del Consistorio dio ayer el primer paso, aprobando inicialmente la ordenanza, tras incluir 23 de las 32 aportaciones recibidas. Ahora, pasará a Pleno, que lo debatirá este lunes y, de aprobarse, pasará a exposición pública, donde se abrirá un periodo de alegaciones abierto al conjunto de la ciudadanía. Después, volverá a Pleno para su aprobación definitiva. Habrá que esperar a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para su entrada en vigor, previsiblemente antes de verano.

613 viviendas municipales

El número de viviendas municipales asciende en la actualidad a 613, de las que actualmente hay 215 destinadas a la emergencia habitacional. A todas ellas se sumarán las que se vayan rehabilitando o traspasando de otros tipos de contratos. Estos inmuebles tienen un carácter público y transitorio.

La nueva ordenanza prevé plazos de estancia y precios de alquileres. Así, las personas o familias beneficiarias podrán permanecer en la vivienda un máximo seis años. En este tiempo, recibirán asesoramiento y acompañamiento para posibilitar la inclusión social y la capacitación para el acceso al mercado inmobiliario normalizado lo antes posible.

Por su parte, los alquileres previstos no superarán los precios de la vivienda social baremados por el Gobierno de Navarra, aunque la ordenanza contempla exenciones del 25% al 100% en función de la renta.