El alcalde considera que la derogación de la Carta de Capitalidad “usurpa el estatus singular de Pamplona, en un ataque sin precedentes”
Este próximo jueves el Parlamento de Navarra tiene previsto aprobar tres proyectos de ley foral que modifican la financiación municipal y que acarrean, como consecuencia, la supresión de la Carta de Capitalidad de Pamplona. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha insistido en la necesidad de crear un grupo de trabajo entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra para determinar las competencias que se dejarían de ejercer sin la financiación derivada de la Carta de Capitalidad derogada y, además, cómo se pagarían los costes de esas competencias a partir de la aprobación de la nueva financiación local.
La Carta de Capitalidad otorga singularidad a Pamplona por su consideración de capital de Navarra. Su derogación conlleva una merma de ingresos y la consiguiente imposibilidad para el Ayuntamiento de asumir competencias impropias y/o delegadas, titularidad del Gobierno de Navarra. El alcalde ha señalado que “la Carta de Capitalidad no tiene solo trascendencia económica. Lo económico es consecuencia de lo institucional. Pero lo grave de la derogación en el ninguneo a Pamplona; el usurparnos un papel, un estatus singular; es un ataque sin precedentes desde hace 25 años a Pamplona”.
La derogación de la Carta de Capitalidad “crea una brecha de difícil sutura en el futuro de las relaciones Ayuntamiento – Gobierno”, aunque el alcalde ha aclarado que “Pamplona ha sido, es y seguirá siendo solidaria”. La pandemia, con la asunción de trabajos propios del Gobierno de Navarra en materia social, o la política de vivienda, con la aportación de parcelas para construir VPO en lugar de vivienda libre, con la consiguiente pérdida de ingresos para el Ayuntamiento, son algunos ejemplos de colaboración y solidaridad en los últimos meses.
La Carta de Capitalidad cumpliría 25 años en este 2022
El Pleno del Parlamento de Navarra vota este jueves el proyecto de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra; el proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra; y el proyecto de Ley Foral por la que se establece la distribución y reparto del Fondo de participación de las Entidades Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes. Con esa nueva financiación local se pondrá fin a la Carta de Capitalidad de Pamplona, promulgada en diciembre de 1997 y que hubiera cumplido su 25º aniversario en este 2022.
Según la exposición de motivos de la propia Ley Foral 16/1997, de 2 de diciembre, la singularidad en la financiación derivada de la Carta de Capitalidad de Pamplona la confiere el hecho de que “numerosos servicios de la ciudad son demandados y utilizados, además de por los vecinos, por un alto porcentaje de población de hecho (…) que acuden a la capital como usuarios con carácter ocasional o permanente de los grandes servicios públicos que la Administración de la Comunidad Foral y la Administración del Estado tienen implantados en Pamplona, precisamente por ser la capital de la Comunidad Foral de Navarra’.
Casi todas las capitales de comunidades autónomas (e incluso diputaciones provinciales) cuentan con mecanismos similares a la Carta de Capitalidad de Pamplona. Con ciudades como, por ejemplo, Vitoria-Gazteiz, Zaragoza, Toledo, Santiago de Compostela, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. Otras capitales como Valencia, Santander, Oviedo y Cuenca están en negociaciones para tenerla.
Segunda carta a la presidenta sin respuesta
A mediados del mes de febrero, el alcalde de Pamplona remitió una segunda carta a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, insistiendo en la necesidad de diálogo para abordar las consecuencias de la derogación de la Carta de Capitalidad. Esa misiva no ha tenido respuesta por el momento. En esa carta, se emplazaba al Gobierno de Navarra a que asumiera el coste de servicios delegados, actividades impropias o servicios sobredimensionados que ofrece hasta ahora el Ayuntamiento y que quedarán sin financiación al no contar con esa Carta de Capitalidad.
Entre otros, se emplazaba a la financiación de “la prestación de servicios sociales que son titularidad del Gobierno de Navarra y ahora desarrolla y financia el 100% el Ayuntamiento, como es el caso de programas como el EISOL (Equipo de Incorporación Sociolaboral), EAIA (Equipo de Atención a la Infancia en Dificultad Social), SMAM (Servicio Municipal de Atención a la Mujer) o el Servicio de Intervención Familiar. Además, se prestan otros servicios con financiación parcial como la Atención Primaria y la gestión del albergue de alta exclusión.
En materia urbanística, el Ayuntamiento desarrolla competencias del Gobierno de Navarra sin financiación y, en Escuelas Infantiles, lo aportado por el Gobierno foral no alcanza el 30% del coste. Asimismo, hay que sumar la parte sobredimensionada de servicios que la Carta de Capitalidad reconoce como la Policía Municipal, las viviendas de emergencia social o el crematorio municipal en la atención a personas no empadronadas. De este sobredimensionamiento, sin Carta de Capitalidad, debería hacerse cargo el Gobierno de Navarra, al igual que de aquellas competencias impropias, que no pueden prestar las administraciones locales sin financiación, que afectan a aspectos de materias como igualdad, euskera, comercio, turismo, educación y servicios sociales.
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