El Ayuntamiento llama a una jornada municipalista el 31 de marzo para pedir el fin de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los límites que fija
Según las previsiones de cierre del presupuesto de 2016, el sector público municipal, formado por el Ayuntamiento, los organismos autónomos y las empresas participadas en su totalidad por el Consistorio, tiene una deuda viva de 86.051.381 euros, un 15,8% menos que hace dos años, cuando esa deuda superaba los 102 millones de euros. El remanente de tesorería, principal indicador de la gestión y situación financiera, se sitúa en 64,7 millones de euros, la cifra más alta desde 2012, aunque en ese año la deuda era de 115 millones.
A pesar del superávit de 13,6 millones con el que se prevé cerrar 2016, del descenso del nivel de deuda y del aumento del remanente, el Ayuntamiento de Pamplona no puede disponer de ese dinero para, por ejemplo, inversiones, gasto social o empleo publico debido a las restricciones derivadas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la concejala delegada de Economía Local Sostenible, Patricia Perales, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para dar a conocer esos datos económicos y para anunciar la convocatoria, el próximo viernes 31 de marzo, de una jornada municipalista con ayuntamientos navarros para reclamar la derogación de esa ley, que limita el gasto y las previsiones de ingresos en las cuentas de las entidades locales, haciéndolas depender además de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Pamplona se ha puesto en contacto y ha invitado a participar en esa jornada a los ayuntamientos de Tudela, Barañáin, Burlada, Valle de Egüés, Estella, Tafalla, Zizur Mayor, Ansoáin, Villava, Sangüesa y Olite, consistorios cabeza de merindad y de las localidades con mayor número de habitantes de Navarra. La jornada se desarrollará de 9.30 a 11.30 horas en el propio Ayuntamiento de Pamplona, con la intención de concretar iniciativas conjuntas y dinámicas de trabajo compartidas para instar a la derogación de la ley y revertir así la situación de limitación de ingresos y gastos en los presupuestos municipales.
Desglose de la deuda viva del sector público municipal
La deuda vida del sector público municipal se redujo en el último año en 7,8 millones de euros, pasando de los 93.926.655 euros del cierre del ejercicio de 2015 a los 86.051.381 euros al final de 2016. En 2014 la deuda era de 102.092.893 euros, un 15,8% más; en 2013, de 109.138.601 euros, un 21,2% más y en 2012, año en el que se alcanzó el nivel más alto de deuda, esta se situó en 115.976.715 millones, un 25,8% más que en la actualidad. La deuda ha descendido en los dos últimos años (de 2014 a 2016) un 4% más que en los dos anteriores (de 2012 a 2014), habiendo incrementado el gasto municipal en 6 millones de euros y las inversiones en 4,1 millones.
Desglosando los 86 millones de euros de deuda del sector público municipal, 72.808.444 euros se corresponden con la deuda viva del Ayuntamiento, 13.175.000 euros con la de la Gerencia de Urbanismo y 67.936 euros con la de la sociedad pública Pamplona Centro Histórico. La deuda del Ayuntamiento propiamente dicho se ha reducido en un 14,7% en el ejercicio 2016 y desciende de los 78,9 millones de euros a los 72,8 millones.
La Gerencia de Urbanismo, por su parte, después de mantener su deuda en los 17 millones de euros hasta 2013 ha visto como esta ha bajado en los tres últimos años. En 2014 descendió en 425.000 euros, un 2,5%, y en los dos siguientes en 1,7 millones cada año, un 11,2% y un 11,5%, respectivamente en 2015 y 2016.
Por último, la deuda de Pamplona Centro Histórico se ha rebajado en un 69% en los dos últimos ejercicios presupuestarios. De 218.560 euros descendió a 144.986 euros en 2015 y de esa cifra a 67.936 al cierre de 2016.
El mejor dato de remanente en un lustro
El remanente de tesorería es el principal indicador de la gestión y situación financiera de un ayuntamiento. Pone, por tanto, de manifiesto la capacidad o necesidad de financiación existente en un determinado momento. Al cierre del ejercicio 2016 ese remanente de tesorería asciende a 64,7 millones de euros, un 18,9% más que en 2014. Esa cifra supone además el mejor saldo del remanente de tesorería desde 2012, aunque en ese año la deuda era de 115 millones de euros. Es decir, había más dinero ‘en caja’, pero también se debía (deuda) más dinero.
Una hipotética derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dejaría al Ayuntamiento de Pamplona la autonomía para decidir qué hacer con esos 64,7 millones de euros, un dinero que se podría destinar, según apuntó el alcalde, Joseba Asiron, a aumentar el gasto social, a renovar la plantilla municipal, a impulsar la recuperación de los barrios más vulnerables de la ciudad o a llevar a cabo dotaciones reclamadas por vecinos y asociaciones.
El cierre de las cuentas de 2016 refleja un aumento de los ingresos de un 5,4% hasta alcanzar los 201 millones de euros, un incremento que se preveía, pero que no pudo tener su reflejo en el presupuesto elaborado para el año, ya que esa ley de estabilidad no dejaba gastar más de 198 millones. De ahí, que desde el Ayuntamiento de Pamplona, y desde otros consistorios que participarán en la jornada del 31 de marzo, se quiera instar a la derogación de esa ley para dotar a las entidades locales de mayor autonomía y potestad normativa para gestionar los recursos que genere cada municipio.
“Un problema común, una solución compartida”
“Tenemos 64 millones de euros de remanentes que no podemos gastar. O no, al menos, en lo que es verdaderamente importante para la ciudad. ¿Y por qué? Porque la Regla General de Gasto, o lo que es lo mismo, la legislación impuesta desde Europa y aplicada a rajatabla por el Estado, castiga a los Ayuntamientos saneados como el de Pamplona, y limita su gasto para priorizar el pago de la deuda”, explicaba el alcalde. “A pesar de haber demostrado que sabemos gestionar nuestra ciudad, se nos obliga a primar el pago de la deuda, que vamos amortizando más que satisfactoriamente, y nos prohibe gastarlo en aquello que creemos, que es el bienestar de la mayoría social de nuestra ciudad”, concluía.
“Si queremos que los Ayuntamientos sean herramientas eficaces de gestión y que respondan de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía, es necesario derogar esta ley. Desde Iruñea entendemos que este es un problema común para todos los ayuntamientos de Navarra y por tanto la solución también ha de ser compartida, más allá de partidos e ideologías”, han añadido tanto el alcalde como Patricia Perales.