El Ayuntamiento de Pamplona y ocho de los principales ayuntamientos del pa\u00eds han remitido este martes una carta conjunta a la ministra de Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica, Teresa Ribera, demand\u00e1ndole cambios en el bono social y la formalizaci\u00f3n de un espacio de trabajo con los ayuntamientos para la reforma de dicha ayuda, que es hasta la fecha la \u00fanica relacionada con la pobreza energ\u00e9tica.<\/p>\n
Junto al Ayuntamiento de Pamplona, firman la iniciativa las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, C\u00e1diz, Santiago de Compostela, Rivas-Vaciamadrid y Sant Feliu de Llobregat. Los alcaldes y alcaldesas firmantes de la misiva se\u00f1alan \u201cuna profunda preocupaci\u00f3n por el problema de la pobreza energ\u00e9tica y por la falta de medidas efectivas para asegurar el acceso a los suministros b\u00e1sicos de las personas y familias en situaci\u00f3n de vulnerabilidad\u201d. \u201cSomos los ayuntamientos quienes en gran medida cubrimos las necesidades energ\u00e9ticas de las familias cuando lo dem\u00e1s falla\u201d por lo que solicitan interlocuci\u00f3n directa en esta materia \u201csin \u00f3rganos intermedios\u201d.<\/p>\n
La carta propone cinco cambios en el bono social. El primero se refiere a la cobertura.\u00a0 Demandan los cambios regulatorios necesarios para ampliar la cobertura del bono social a los clientes de comercializadoras que no sean de referencia y piden que cualquier comercializadora que lo desee pueda prestar el bono social. \u201cA d\u00eda de hoy, como sabe, s\u00f3lo tienen acceso al bono social las clientas y clientes de 8 comercializadoras en todo el Estado de las m\u00e1s de 700 que existen. \u00c9sta es una discriminaci\u00f3n injustificable, que supone canalizar los recursos p\u00fablicos hacia un grupo de empresas que dominan el sector, y adem\u00e1s, excluye a m\u00e1s de la mitad de los contratos, tanto de la ayuda, como de la protecci\u00f3n contra el corte de suministro\u201d se\u00f1ala la carta.<\/p>\n
El segundo cambio que proponen es que las empresas energ\u00e9ticas est\u00e9n obligadas a adaptar los contratos de las familias vulnerables a sus necesidades reales (optimizaci\u00f3n de potencia y tarifa) antes de aplicar el bono social, para evitar que se sigan subvencionando \u201ca trav\u00e9s del bono social descuentos sobre facturas mucho m\u00e1s altas de lo necesario\u201d argumenta el escrito.<\/p>\n
Adem\u00e1s, solicitan que la aplicaci\u00f3n del bono social sea autom\u00e1tica, como sucede en Portugal desde el a\u00f1o 2016 pues, seg\u00fan exponen, la tramitaci\u00f3n est\u00e1 impidiendo el acceso a miles de familias. Asimismo, piden que se aplique el principio de precauci\u00f3n tal y como recoge la Ley Catalana 24\/2015, para que las empresas energ\u00e9ticas no puedan cortar la luz sin comprobar que la familia o persona no est\u00e1 en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. Y finalmente solicitan que se destine recursos y personal en los Ayuntamientos formaci\u00f3n, asesoramiento y acompa\u00f1amiento energ\u00e9tico a las familias vulnerables.<\/p>\n\n\n